La salud en Colombia está en crisis y no solamente desde la perspectiva financiera. El Estado debe ser garante de la salud como un derecho social y no actuar simplemente como regulador del modelo. El concepto integral de salud debe ser apropiado, no solo como la responsabilidad en la atención de la enfermedad, sino como la garantía de un marco de seguridad social, calidad de vida y dignidad humana. En este contexto, en el campo de la medicina, los retos del nuevo gobierno deben ser abordados en cuatro dimensiones: el estado de la salud en la población colombiana, la implementación de la ley estatutaria, el tema medioambiental y la formación del recurso humano.
Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular, el infarto del miocardio y el cáncer, son las primeras causas de mortalidad en Colombia (30 %) y requieren del Gobierno entrante unas políticas de prevención y mitigación del impacto en un grupo poblacional que cada vez se hace más viejo. Es un buen ejemplo, la necesidad imperiosa de abordar el tema de la obesidad y sobrepeso que hoy en día afecta a más del 35 % de la población colombiana y que, sumados al sedentarismo creciente, se han convertido en una amenaza real para el colombiano promedio.
La Ley Estatutaria de la Salud de 2015 es el mayor esfuerzo, después de la Ley 100 de 1993, para garantizar el derecho a la salud centrado en los ciudadanos. Desafortunadamente, las políticas derivadas del modelo integral de atención en salud (MIAS) no han ejecutado a plenitud su contenido. Es papel del nuevo Gobierno poner sobre la mesa el tema de la conveniencia de continuar con la prestación del derecho a la salud a través de un modelo de intermediación financiera, así como reevaluar el tema de la integración vertical, donde las EPS han sobrepasado el umbral del 30 % de red prestadora propia, desfavoreciendo así la red hospitalaria pública. Se estima que la deuda de las EPS contributivas y subsidiadas a la red hospitalaria público-privada puede acercarse a los 3 billones de pesos.
Otro de los temas a los cuales el nuevo gobierno deberá prestar especial atención es el medio ambiente, que se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para enfermedad respiratoria, cardiovascular y cáncer de pulmón en Colombia. El reto, sin duda, es asumir una posición frente al uso racional de combustibles fósiles como fuente de energía. La reevaluación de la canasta energética colombiana debe privilegiar el tema de la calidad del aire que respiramos.
Finalmente, la formación del talento humano en salud no da más espera y deberá estar en la agenda prioritaria del Gobierno entrante. Identificar y participar en la formación del número de profesionales médicos que se requiere es prioridad. Colombia es el único país de la región, y quizá uno de los únicos en el mundo, que cobra a los médicos generales por su formación posgradual en especialidades médico-quirúrgicas. La tarea será conciliar la oferta académica de calidad con las necesidades de la población y la equidad en la prestación del servicio.
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Parte importante de la crisis en el sector salud que actualmente vive Colombia podría tener respuesta en lo débil que, en general, ha sido la salud pública en los gobiernos de los últimos 25 años. Esta es muchas veces confundida con prestación de servicios de salud en la red pública y es un tema casi ausente en la discusión. En este orden, lo primero que debe hacerse es incluirla en la agenda pública y política, y parte de esto implica profundizar en la ejecución del Plan Decenal de Salud Pública y realizar su posterior evaluación, con miras a la formulación de uno nuevo en el cuatrienio que comienza, y avanzar en la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en esencia abordan determinantes o prioridades de la salud pública del país.
Aunque se ha evidenciado un esfuerzo para el desarrollo y la financiación de algunas acciones en salud pública, que a nivel territorial supera el billón de pesos anuales, esto aún resulta insuficiente y muy por debajo de lo que se destina a la atención en salud. Además de incrementar estos recursos se pueden señalar tres prioridades para el próximo cuatrienio: incrementar la capacidad para el funcionamiento de los institutos nacionales (de salud, de vigilancia de medicamentos y de alimentos y cancerología), estructurar e implementar el desarrollo de un programa nacional para fortalecer la gestión territorial de la salud pública y establecer un marco que regule, entre otros, los perfiles, estabilidad y responsabilidades del talento humano en salud pública a nivel territorial.
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SALUD PÚBLICA, UN ÁREA ESTRATÉGICA CON MUCHOS PENDIENTES
CRECIÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y DISMINUYERON LOS VOTOS INVÁLIDOS
Laura Wills Otero
Directora del Departamento de Ciencia Política y codirectora de Congreso Visible.
SENADO
VOTO PARTIDISTA Y VOTO PERSONALISTA
LA RENOVACIÓN DEL CONGRESO: LOS NUEVOS, LOS VIEJOS Y LOS QUEMADOS
En comparación con las elecciones de 2014, el 11 de marzo aumentó la participación electoral en 5 puntos porcentuales, lo cual representó cerca de 4 millones de votos adicionales. En el Senado, se pasó de una participación de 43,6 % a una de 48,8 %, y en Cámara llegó a 49 %. En Senado los votos nulos disminuyeron (del 10,4 % al 6,4 %). Es decir, hubo más votos válidos (+4 %) que incidieron en los resultados. En Cámara los votos nulos fueron más altos (9,23 %), parecidos a los de 2014. El voto en blanco se mantuvo más o menos estable en las dos cámaras (5,21 % en 2014 y 5,45 % en 2018), así como las tarjetas no marcadas (en Senado pasaron de 5,88 % en 2014 a 4,89 % en 2018). Muy probablemente el voto de los más jóvenes, es decir, los ciudadanos que votaron por primera vez, aumentó. Las consultas para elegir dos candidatos presidenciales de polos ideológicos extremos seguramente influyeron en la decisión de los votantes de participar en la contienda. En estas elecciones, más votos depositados en las urnas dieron cuenta de votaciones más altas en muchas de las listas partidistas. EndFragment
Una de las novedades más significativas de este Congreso es la llegada de los excombatientes de las Farc que se desmovilizaron como resultado del Acuerdo de Paz que firmaron con el Gobierno Nacional. Ocuparán 10 nuevas curules que les otorgó el acuerdo: 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Aunque el nuevo partido compitió para aspirar a aumentar los escaños, los pocos votos que obtuvo (cerca de 80.000 en total) no le permitieron lograrlo. Los representantes del partido se ubicarán en la izquierda del espectro ideológico. Su reto será encontrar aliados que les den más fuerza política a la hora de promover iniciativas. Para lograr esto les convendrá no estar en el extremo del espectro y actuar organizada y coherentemente como partido político.EndFragment
EL NUEVO CONGRESO: UN SISTEMA DE PARTIDOS BALANCEADO
CÁMARA DE REPRESENTANTES
LO QUE ELEGIMOS EL 11 DE MARZO
LOS RETOS DEL NUEVO CONGRESO
Para concluir, es importante subrayar que uno de los retos del nuevo Congreso será garantizar la gobernabilidad del nuevo presidente, así como el control político que promueve el balance de poderes. Para lograr esto, será importante que el sistema de partidos balanceado que se eligió el 11 de marzo fomente el equilibrio e impida la polarización. Mientras que la última paraliza las decisiones, el equilibrio facilita los procesos legislativos. Algunos temas gruesos que entrarán a la agenda del Congreso serán la reglamentación de leyes que implementan los acuerdos de paz, y las reformas a la justicia, al sistema de pensiones y al sistema electoral.EndFragment
Otra pregunta interesante tiene que ver con la renovación del Congreso. En el 2014, según los datos de Congreso Visible, el 54,9 % de los senadores y el 31,5 % de los representantes a la Cámara del período anterior fueron reelegidos. En el Congreso que se eligió el 11 de marzo, la tasa de reelección de congresistas aumentó: 40 de 66 senadores aspirantes a la reelección lograron mantener sus curules. Por otro lado, 23 de 37 representantes a la Cámara que aspiraban a saltar al Senado lo lograron. Así el nuevo Senado se compone de 63 congresistas reelegidos (58,3 %), entre los que hubo políticos tradicionales, así como algunos que habían sido elegidos por primera vez en 2014. La otra cara de la moneda son los congresistas que llegarán a la institución por primera vez. Cerca del 40 % serán nuevos en el Congreso. La llegada de varios de ellos puede explicar que aspirantes a la reelección –entre los que se cuentan varios políticos tradicionales y algunos que habían sido elegidos en 2014– se hayan quemado. Los votos obtenidos por los “quemados” fueron en la mayoría de los casos similares a los que habían obtenido en 2014. El aumento de la participación electoral influyó en este resultado: se necesitaron más votos esta vez para lograr la elección. EndFragment
Al analizar los resultados por partidos, es interesante ver que todos los que eligieron congresistas (al menos en el Senado) optaron por presentarlos en listas con la posibilidad de votar por el candidato preferido. Ninguno de los ganadores presentó listas cerradas. Por esas listas optaron solamente los perdedores. A pesar de lo anterior, no todos los electores que votaron en las listas de los partidos ganadores marcaron a su candidato preferido. Muchos votaron por el partido (v.g., por la lista completa) y no escogieron ningún número en particular. En 6 de las listas partidistas, la mayor cantidad de votos se otorgaron a los partidos y no a los candidatos que las integraban. Solamente en el Centro Democrático, en el Partido Alianza Verde y en el Polo Democrático Alternativo, quienes ocuparon el primer lugar por encima de los partidos fueron tres de los mayores electores de la jornada: Álvaro Uribe, Antanas Mockus y Jorge Enrique Robledo, respectivamente. Estos tres líderes aportaron muchos de los votos que les permitieron a sus partidos no solo pasar el umbral, sino elegir en el Senado 19, 10 y 5 curules correspondientemente. Los datos son interesantes para analizar el personalismo y el partidismo en el Congreso: ¿se han fortalecido los partidos (o algunos de ellos) después de la reforma electoral de 2003? Al parecer sí, sin que eso signifique que el personalismo haya dejado de ser muy importante. Habrá que ver el comportamiento de partidos y políticos en el Congreso para llegar a una conclusión más clara.EndFragment
GRÁFICOS
El 11 de marzo los colombianos elegimos 276 congresistas de 11 partidos en el Senado de la República y 15 en la Cámara de Representantes*. También se definieron 2 candidatos presidenciales en las consultas de la Inclusión Social por la Paz y en la Gran Consulta por Colombia. En el Congreso, el sistema de partidos quedó conformado por partidos de izquierda, de centro y de derecha, y el poder no se concentró mayoritariamente en ninguno de ellos. Es un Congreso balanceado, con partidos tradicionales y con otros que han venido consolidándose en las últimas 2 décadas. En comparación con la elección del 2014, en estos comicios reelegimos a los mismos partidos (en Senado se quemó Opción Ciudadana), y ganó escaños una nueva lista (Lista de la Decencia). Habrá 10 curules más que serán ocupadas por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y 2 adicionales para el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial que ocupen el segundo lugar en las elecciones. Serán 278 curules en total. Perdieron los grupos significativos de ciudadanos. Aunque es prematuro prever cómo se comportarán estos partidos en el cuatrienio 2018-2022, parece claro que se formarán dos coaliciones relativamente estables: una de gobierno que entrará a apoyar al nuevo presidente y otra de oposición que le hará contrapeso. Las alianzas en uno y otro lado se definirán a lo largo de la campaña presidencial e influirán significativamente en la elección del próximo primer mandatario.
*Resultados publicados en la Registraduría Nacional del Estado Civil a partir del preconteo. Al cierre de esta edición, no se habían publicado los escrutinios finales.
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LOS RETOS DE LAS FARC
LO QUE ELEGIMOS EL 11 DE MARZO
CRECIÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y DISMINUYERON LOS VOTOS INVÁLIDOS
VOTO PARTIDISTA Y VOTO PERSONALISTA
LA RENOVACIÓN DEL CONGRESO: LOS NUEVOS, LOS VIEJOS Y LOS QUEMADOS
LOS RETOS DE LAS FARC
LOS RETOS DEL NUEVO CONGRESO
X
Colombia es un país diverso, cada esquina es un mundo único que responde, en gran medida, a la relación de la gente y su territorio y, en ese orden, el reto inaplazable que debe asumir el nuevo Gobierno es el de tejer lazos en medio de esa pluralidad. La academia tiene un papel clave y desde la Universidad de los Andes ya identificamos que una de las primeras tareas es la adopción de una hoja de ruta que guíe las decisiones.
Las regiones colombianas son heterogéneas y extensas y por tanto requieren de un liderazgo integral que ordene las decisiones que se toman sobre los territorios y las personas. Esa ruta se entiende como todos los esfuerzos coordinados que los grupos de interés deben emprender para buscar la sostenibilidad de su región (económicos, políticos, de infraestructura, de ciudadanía), con un foco específico en las metas de largo plazo. Desde el punto de vista interdisciplinario, sabemos que para lograr esa meta es indispensable contar con herramientas de planeación que eviten distracciones y que coordinen las medidas que se toman sobre el espacio.
En el país tenemos numerosos ejemplos de las consecuencias negativas de la falta de coordinación institucional y visión de largo plazo. Uno de los más dramáticos es la aparición de la minería ilegal de oro sobre la cuenca del río Atrato. La minería de aluvión impacta los 750 km de longitud del río que alberga la vida, el transporte y el sustento de más de 470.000 personas de Chocó y Antioquia. Pese a su importancia, el río ha sido el primer damnificado de la improvisación y la omisión de la visión integral del territorio.
La ausencia de una hoja de ruta coordinada entre instituciones ha permitido el avance de actividades mineras no reguladas en su ronda. Se calcula, por ejemplo, que 99 % de la minería de oro en el Chocó carece de una licencia ambiental o título minero, y afecta más de 22.000 hectáreas tan solo en el Chocó. La ilegalidad también tiene consecuencias sobre los mecanismos de seguimiento y registro, haciendo aún más difícil la medición del impacto ambiental y social de temas como el uso de mercurio y de los vertederos contaminantes sobre el río y su cuenca.
Emprender el camino de la sostenibilidad desde la planeación implica considerar otras aristas. Hoy malinterpretamos el quehacer de la planeación entendiendo el territorio como una unidad de análisis fragmentado. Hay quienes, por ejemplo, consideran que se limita a la consolidación de un documento robusto sobre un plan de desarrollo o de contar con un plan de ordenamiento territorial, o de elaborar planes para el manejo de cuencas en subregiones. No obstante, la problemática va más allá. Si bien reconocemos la importancia de esos instrumentos en el marco institucional, se debe considerar que esas herramientas se quedan cortas y carecen de una visión completa del territorio. Entender una región requiere, además de buenos planes, del análisis (pasado y presente) profundo de las relaciones funcionales del espacio (Diagrama 1). Hoy en día existen metodologías atractivas como las que proveen los planes estratégicos regionales (PER), que trasciendan el análisis político-administrativo tradicional. Esas metodologías sirven para levantar diagnósticos y cuantificar los problemas, pero también para fortalecer la participación amplia de las comunidades en la discusión sobre las dinámicas del intercambio económico y cultural, y su ordenamiento de largo plazo.
Diagrama 3.
SUBREGIONES DE COLOMBIA
Diagrama 2.
ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
SIGUIENTE
Óscar Armando Pardo
Director del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider).
EL RETO REGIONAL
Diagrama 1. HISTORIA TERRITORIAL DE COLOMBIA
Las universidades, por su naturaleza, tienen características que son apropiadas para enfrentar los retos de la planeación regional: vocación de largo plazo, ajenas a la política local y repositorio de información para gobernantes.
HOMICIDIOS
SECUESTROS
TASA DE COBERTURA
3
DESEMPLEO
LESIONES PERSONALES
SALUD
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2018
POBLACIÓN
HURTO A CELULARES
* Estas cifras representan el número de denuncias interpuestas frente al delito, no el número de eventos ocurridos.
ECONOMÍA
1
SEGURIDAD*
INFLACIÓN
2
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EDUCACIÓN
EXPORTACIONES
LA UNIVERSIDAD EN EL PRÓXIMO GOBIERNO: MÁS QUE FINANCIACIÓN
RETOS EN INVESTIGACIÓN
EL NUEVO CONGRESO, UN SISTEMA DE PARTIDOS BALANCEADO
*Fuente: Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de Los Andes.
Fuente: Juan Camilo Cárdenas, decano y profesor de la Facultad de Economía.
Es la región con la peor condición de pobreza extrema.*Casi la mitad de los habitantes no disponen de los recursos económicos para adquirir la canasta básica familiar.*De cada 1.000 estudiantes que presentan la prueba Saber 11 al concluir su educación media en los más de 60 municipios del litoral Pacífico, solo 7 logran entrar a una universidad y solo 4 de estos últimos, a una institución acreditada.
Penetración de internet
Cobertura educación superior
Pruebas Saber 11
Cobertura acueducto
(cifra compartida con Amazonia)
Pobreza monetaria
Pobreza monetaria extrema
Penetración de internet
Cobertura educación superior
Pruebas Saber 11
Cobertura acueducto
(cifra compartida con Orinoquia)
Pobreza monetaria
Pobreza monetaria extrema
LA PROFESIONA-LIZACIÓN DE LOS DOCENTES PARA REDUCIR LA BRECHA DE EQUIDAD
La salud en Colombia está en crisis y no solamente desde la perspectiva financiera. El Estado debe ser garante de la salud como un derecho social y no actuar simplemente como regulador del modelo. El concepto integral de salud debe ser apropiado, no solo como la responsabilidad en la atención de la enfermedad, sino como la garantía de un marco de seguridad social, calidad de vida y dignidad humana. En este contexto, en el campo de la medicina, los retos del nuevo gobierno deben ser abordados en cuatro dimensiones: el estado de la salud en la población colombiana, la implementación de la ley estatutaria, el tema medioambiental y la formación del recurso humano.
Las enfermedades crónicas no transmisibles, como la hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular, el infarto del miocardio y el cáncer, son las primeras causas de mortalidad en Colombia (30 %) y requieren del Gobierno entrante unas políticas de prevención y mitigación del impacto en un grupo poblacional que cada vez se hace más viejo. Es un buen ejemplo, la necesidad imperiosa de abordar el tema de la obesidad y sobrepeso que hoy en día afecta a más del 35 % de la población colombiana y que, sumados al sedentarismo creciente, se han convertido en una amenaza real para el colombiano promedio.
La Ley Estatutaria de la Salud de 2015 es el mayor esfuerzo, después de la Ley 100 de 1993, para garantizar el derecho a la salud centrado en los ciudadanos. Desafortunadamente, las políticas derivadas del modelo integral de atención en salud (MIAS) no han ejecutado a plenitud su contenido. Es papel del nuevo Gobierno poner sobre la mesa el tema de la conveniencia de continuar con la prestación del derecho a la salud a través de un modelo de intermediación financiera, así como reevaluar el tema de la integración vertical, donde las EPS han sobrepasado el umbral del 30 % de red prestadora propia, desfavoreciendo así la red hospitalaria pública. Se estima que la deuda de las EPS contributivas y subsidiadas a la red hospitalaria público-privada puede acercarse a los 3 billones de pesos.
Otro de los temas a los cuales el nuevo gobierno deberá prestar especial atención es el medio ambiente, que se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo para enfermedad respiratoria, cardiovascular y cáncer de pulmón en Colombia. El reto, sin duda, es asumir una posición frente al uso racional de combustibles fósiles como fuente de energía. La reevaluación de la canasta energética colombiana debe privilegiar el tema de la calidad del aire que respiramos.
Finalmente, la formación del talento humano en salud no da más espera y deberá estar en la agenda prioritaria del Gobierno entrante. Identificar y participar en la formación del número de profesionales médicos que se requiere es prioridad. Colombia es el único país de la región, y quizá uno de los únicos en el mundo, que cobra a los médicos generales por su formación posgradual en especialidades médico-quirúrgicas. La tarea será conciliar la oferta académica de calidad con las necesidades de la población y la equidad en la prestación del servicio.
Colombia es un país diverso, cada esquina es un mundo único que responde, en gran medida, a la relación de la gente y su territorio y, en ese orden, el reto inaplazable que debe asumir el nuevo Gobierno es el de tejer lazos en medio de esa pluralidad. La academia tiene un papel clave y desde la Universidad de los Andes ya identificamos que una de las primeras tareas es la adopción de una hoja de ruta que guíe las decisiones.
Las regiones colombianas son heterogéneas y extensas y por tanto requieren de un liderazgo integral que ordene las decisiones que se toman sobre los territorios y las personas. Esa ruta se entiende como todos los esfuerzos coordinados que los grupos de interés deben emprender para buscar la sostenibilidad de su región (económicos, políticos, de infraestructura, de ciudadanía), con un foco específico en las metas de largo plazo. Desde el punto de vista interdisciplinario, sabemos que para lograr esa meta es indispensable contar con herramientas de planeación que eviten distracciones y que coordinen las medidas que se toman sobre el espacio.
En el país tenemos numerosos ejemplos de las consecuencias negativas de la falta de coordinación institucional y visión de largo plazo. Uno de los más dramáticos es la aparición de la minería ilegal de oro sobre la cuenca del río Atrato. La minería de aluvión impacta los 750 km de longitud del río que alberga la vida, el transporte y el sustento de más de 470.000 personas de Chocó y Antioquia. Pese a su importancia, el río ha sido el primer damnificado de la improvisación y la omisión de la visión integral del territorio.
La ausencia de una hoja de ruta coordinada entre instituciones ha permitido el avance de actividades mineras no reguladas en su ronda. Se calcula, por ejemplo, que 99 % de la minería de oro en el Chocó carece de una licencia ambiental o título minero, y afecta más de 22.000 hectáreas tan solo en el Chocó. La ilegalidad también tiene consecuencias sobre los mecanismos de seguimiento y registro, haciendo aún más difícil la medición del impacto ambiental y social de temas como el uso de mercurio y de los vertederos contaminantes sobre el río y su cuenca.
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Otra pregunta interesante tiene que ver con la renovación del Congreso. En el 2014, según los datos de Congreso Visible, el 54,9 % de los senadores y el 31,5 % de los representantes a la Cámara del período anterior fueron reelegidos. En el Congreso que se eligió el 11 de marzo, la tasa de reelección de congresistas aumentó: 40 de 66 senadores aspirantes a la reelección lograron mantener sus curules. Por otro lado, 23 de 37 representantes a la Cámara que aspiraban a saltar al Senado lo lograron. Así el nuevo Senado se compone de 63 congresistas reelegidos (58,3 %), entre los que hubo políticos tradicionales, así como algunos que habían sido elegidos por primera vez en 2014. La otra cara de la moneda son los congresistas que llegarán a la institución por primera vez. Cerca del 40 % serán nuevos en el Congreso. La llegada de varios de ellos puede explicar que aspirantes a la reelección –entre los que se cuentan varios políticos tradicionales y algunos que habían sido elegidos en 2014– se hayan quemado. Los votos obtenidos por los “quemados” fueron en la mayoría de los casos similares a los que habían obtenido en 2014. El aumento de la participación electoral influyó en este resultado: se necesitaron más votos esta vez para lograr la elección. EndFragment
LA RENOVACIÓN DEL CONGRESO: LOS NUEVOS, LOS VIEJOS Y LOS QUEMADOS
LOS RETOS DE LAS FARC
CÁMARA DE REPRESENTANTES
El 11 de marzo los colombianos elegimos 276 congresistas de 11 partidos en el Senado de la República y 15 en la Cámara de Representantes*. También se definieron 2 candidatos presidenciales en las consultas de la Inclusión Social por la Paz y en la Gran Consulta por Colombia. En el Congreso, el sistema de partidos quedó conformado por partidos de izquierda, de centro y de derecha, y el poder no se concentró mayoritariamente en ninguno de ellos. Es un Congreso balanceado, con partidos tradicionales y con otros que han venido consolidándose en las últimas 2 décadas. En comparación con la elección del 2014, en estos comicios reelegimos a los mismos partidos (en Senado se quemó Opción Ciudadana), y ganó escaños una nueva lista (Lista de la Decencia). Habrá 10 curules más que serán ocupadas por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), y 2 adicionales para el candidato presidencial y su fórmula vicepresidencial que ocupen el segundo lugar en las elecciones. Serán 278 curules en total. Perdieron los grupos significativos de ciudadanos. Aunque es prematuro prever cómo se comportarán estos partidos en el cuatrienio 2018-2022, parece claro que se formarán dos coaliciones relativamente estables: una de gobierno que entrará a apoyar al nuevo presidente y otra de oposición que le hará contrapeso. Las alianzas en uno y otro lado se definirán a lo largo de la campaña presidencial e influirán significativamente en la elección del próximo primer mandatario.
*Resultados publicados en la Registraduría Nacional del Estado Civil a partir del preconteo. Al cierre de esta edición, no se habían publicado los escrutinios finales.
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Una de las novedades más significativas de este Congreso es la llegada de los excombatientes de las Farc que se desmovilizaron como resultado del Acuerdo de Paz que firmaron con el Gobierno Nacional. Ocuparán 10 nuevas curules que les otorgó el acuerdo: 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Aunque el nuevo partido compitió para aspirar a aumentar los escaños, los pocos votos que obtuvo (cerca de 80.000 en total) no le permitieron lograrlo. Los representantes del partido se ubicarán en la izquierda del espectro ideológico. Su reto será encontrar aliados que les den más fuerza política a la hora de promover iniciativas. Para lograr esto les convendrá no estar en el extremo del espectro y actuar organizada y coherentemente como partido político.EndFragment
LOS RETOS DEL NUEVO CONGRESO
SENADO
Al analizar los resultados por partidos, es interesante ver que todos los que eligieron congresistas (al menos en el Senado) optaron por presentarlos en listas con la posibilidad de votar por el candidato preferido. Ninguno de los ganadores presentó listas cerradas. Por esas listas optaron solamente los perdedores. A pesar de lo anterior, no todos los electores que votaron en las listas de los partidos ganadores marcaron a su candidato preferido. Muchos votaron por el partido (v.g., por la lista completa) y no escogieron ningún número en particular. En 6 de las listas partidistas, la mayor cantidad de votos se otorgaron a los partidos y no a los candidatos que las integraban. Solamente en el Centro Democrático, en el Partido Alianza Verde y en el Polo Democrático Alternativo, quienes ocuparon el primer lugar por encima de los partidos fueron tres de los mayores electores de la jornada: Álvaro Uribe, Antanas Mockus y Jorge Enrique Robledo, respectivamente. Estos tres líderes aportaron muchos de los votos que les permitieron a sus partidos no solo pasar el umbral, sino elegir en el Senado 19, 10 y 5 curules correspondientemente. Los datos son interesantes para analizar el personalismo y el partidismo en el Congreso: ¿se han fortalecido los partidos (o algunos de ellos) después de la reforma electoral de 2003? Al parecer sí, sin que eso signifique que el personalismo haya dejado de ser muy importante. Habrá que ver el comportamiento de partidos y políticos en el Congreso para llegar a una conclusión más clara.EndFragment
LO QUE ELEGIMOS EL 11 DE MARZO
CRECIÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y DISMINUYERON LOS VOTOS INVÁLIDOS
Para concluir, es importante subrayar que uno de los retos del nuevo Congreso será garantizar la gobernabilidad del nuevo presidente, así como el control político que promueve el balance de poderes. Para lograr esto, será importante que el sistema de partidos balanceado que se eligió el 11 de marzo fomente el equilibrio e impida la polarización. Mientras que la última paraliza las decisiones, el equilibrio facilita los procesos legislativos. Algunos temas gruesos que entrarán a la agenda del Congreso serán la reglamentación de leyes que implementan los acuerdos de paz, y las reformas a la justicia, al sistema de pensiones y al sistema electoral.EndFragment
VOTO PARTIDISTA Y VOTO PERSONALISTA
En comparación con las elecciones de 2014, el 11 de marzo aumentó la participación electoral en 5 puntos porcentuales, lo cual representó cerca de 4 millones de votos adicionales. En el Senado, se pasó de una participación de 43,6 % a una de 48,8 %, y en Cámara llegó a 49 %. En Senado los votos nulos disminuyeron (del 10,4 % al 6,4 %). Es decir, hubo más votos válidos (+4 %) que incidieron en los resultados. En Cámara los votos nulos fueron más altos (9,23 %), parecidos a los de 2014. El voto en blanco se mantuvo más o menos estable en las dos cámaras (5,21 % en 2014 y 5,45 % en 2018), así como las tarjetas no marcadas (en Senado pasaron de 5,88 % en 2014 a 4,89 % en 2018). Muy probablemente el voto de los más jóvenes, es decir, los ciudadanos que votaron por primera vez, aumentó. Las consultas para elegir dos candidatos presidenciales de polos ideológicos extremos seguramente influyeron en la decisión de los votantes de participar en la contienda. En estas elecciones, más votos depositados en las urnas dieron cuenta de votaciones más altas en muchas de las listas partidistas. EndFragment
CRECIÓ LA PARTICIPACIÓN ELECTORAL Y DISMINUYERON LOS VOTOS INVÁLIDOS
VOTO PARTIDISTA Y VOTO PERSONALISTA
LA RENOVACIÓN DEL CONGRESO: LOS NUEVOS, LOS VIEJOS Y LOS QUEMADOS
LO QUE ELEGIMOS EL 11 DE MARZO
LOS RETOS DEL NUEVO CONGRESO
LOS RETOS DE LAS FARC
¿CUÁLES SON LOS RETOS EN INVESTIGACIÓN PARA EL NUEVO GOBIERNO NACIONAL?
La era de la posverdadEsta tendencia también se conoce como posverdad, especialmente en contextos políticos. Un ejemplo es el del plebiscito en Colombia, en el que el Gobierno convocó a la ciudadanía para avalar o rechazar los acuerdos de paz firmados con las Farc. Una de las versiones que tomó más fuerza durante la campaña fue la de la ideología de género, que supuestamente se impondría en caso de un triunfo del Sí en las urnas.
Para Pedro Vaca, director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), la capacidad viral de la posverdad no es inherente a la época de elecciones, cuando es usada por algunos candidatos para enfrentar a sus contrincantes en la arena política: “Estos contenidos no son lineales, se alimentan, se aumentan y quedan rondando en la web y, a medida que más personas se conectan a Internet, son menos los que saben de dónde proviene ese mensaje, cuál es el contexto, cuál es la intención del que lo emitió y eso aumenta la posibilidad de manipulación”.
Por su parte, Ricardo Corredor Cure, director ejecutivo de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), califica la mezcla entre posverdad y elecciones como “la tormenta perfecta” porque se combina una desconfianza generalizada en las instituciones sociales, evidenciada en las encuestas de opinión que se hacen en el mundo, y una grave caída en la credibilidad en los medios de comunicación, lo que lleva a que se sospeche de los mensajes que se originan desde allí.
Las conclusiones de estos especialistas son que se requieren unos medios que verifiquen más y mejor, que la ciudadanía desarrolle una capacidad crítica para reconocer informaciones falsas y que las redes sociales regulen la distribución de la información; todo esto para que personas como Marcela Cuenca no respondan “uno nunca sabe”, cuando reciben mensajes sin mucho fundamento informativo
La desinformación en época electoral ha influido en la desición de los electores. Expertos en periodismo analizan la situación.
“El periodismo hoy se hace muy relevante, porque necesitamos expertos en la información que ayuden a las audiencias a discernir qué es falso y qué es verdadero y para entregar contextos de la realidad”.
Lorenzo Morales, profesor asociado del Centro de Estudios en Periodismo (Ceper).
NOTICIAS FALSAS Y ELECCIONES:
UNA MEZCLA QUE AFECTA A LOS VOTANTES
Frente a los retos de la planeación y lo vital que resulta para el desarrollo regional, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) se ha planteado el desafío de apoyar el debate (con herramientas de la planeación: urbana, rural, territorial, medio ambiental, etc.) sobre las regiones y sus implicaciones para el país desde tres frentes: el fortalecimiento de la institucionalidad para la planeación regional de largo plazo, el desarrollo de metodologías para la planeación y el desarrollo de sistemas de información.
En conjunto con las universidades regionales, el Cider ha identificado que las figuras de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP - LOOT 1454, 2011) tienen un potencial especial en el fortalecimiento regional, pues contemplan el territorio desde una visión amplia, convocando en sus órganos directivos al sector público, el privado y la academia. Para ello, desde la Universidad de los Andes, ya dimos los primeros pasos. En 2017 acompañamos el diseño de la estructura y el gobierno de la RAP Pacífico, en donde se estimula la conformación de un Comité Técnico, compuesto por los secretarios de planeación departamental, los miembros de las universidades regionales y el sector privado.
En segundo lugar, buscamos consolidar el desarrollo de metodologías de planeación con un enfoque específico en la participación, no solo partiendo desde el abordaje tradicional, sino impulsando la creación de mesas de la sociedad civil, donde las universidades regionales, las ONG y los colectivos poblacionales son protagonistas de las decisiones del territorio. A hoy, tenemos adelantados los diálogos para facilitar la mesa Pacífico, Caribe, Orinoquia y Centro. En cada uno de estos espacios la comunidad tiene la función de reconocer los ejercicios previos de planeación y los saberes locales; así como entender y compartir las diferentes visiones del territorio para crear nuevos lazos o fortalecer los existentes.
El tercer frente propuesto para fortalecer la planeación es la creación de un sistema de información abierto que recopile, sirva para el seguimiento de problemáticas y comparta la información con los ciudadanos de la región y sus líderes.
¿Cuál puede ser el rol de las universidades para afrontar el reto de la planeación y la sostenibilidad de nuestras regiones?
Las universidades, por su naturaleza, tienen características que son apropiadas para enfrentar los retos de la planeación regional. En primera instancia, son instituciones con vocación de largo plazo, ajenas a la dinámica y a los cambios en la política local. Tienen el rasgo distintivo –y la paciencia– para establecer acciones que minimicen el cortoplacismo en sus programas, permitiendo la neutralidad en el análisis y una postura proactiva frente a los problemas locales. Por otra parte, tienen la misión de transformar la información en conocimiento; de convertir, por ejemplo, los datos en competencias y capacidades para la formación.
También podemos ser el repositorio de la información local y regional, con miras a contribuir al mejoramiento en calidad y trasparencia de nuestra gestión pública (Diagrama 2). Así, por ejemplo, al gestionar y administrar la información abierta desde las universidades, los aspirantes a una alcaldía o a una gobernación podrán hacer su plan de desarrollo con información actualizada, proveniente de grupos de investigación locales que se nutren, a su vez, de un sistema de información abierto y colaborativo.
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Frente a los retos de la planeación y lo vital que resulta para el desarrollo regional, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) se ha planteado el desafío de apoyar el debate (con herramientas de la planeación: urbana, rural, territorial, medio ambiental, etc.) sobre las regiones y sus implicaciones para el país desde tres frentes: el fortalecimiento de la institucionalidad para la planeación regional de largo plazo, el desarrollo de metodologías para la planeación y el desarrollo de sistemas de información.
En conjunto con las universidades regionales, el Cider ha identificado que las figuras de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP - LOOT 1454, 2011) tienen un potencial especial en el fortalecimiento regional, pues contemplan el territorio desde una visión amplia, convocando en sus órganos directivos al sector público, el privado y la academia. Para ello, desde la Universidad de los Andes, ya dimos los primeros pasos. En 2017 acompañamos el diseño de la estructura y el gobierno de la RAP Pacífico, en donde se estimula la conformación de un Comité Técnico, compuesto por los secretarios de planeación departamental, los miembros de las universidades regionales y el sector privado.
En segundo lugar, buscamos consolidar el desarrollo de metodologías de planeación con un enfoque específico en la participación, no solo partiendo desde el abordaje tradicional, sino impulsando la creación de mesas de la sociedad civil, donde las universidades regionales, las ONG y los colectivos poblacionales son protagonistas de las decisiones del territorio. A hoy, tenemos adelantados los diálogos para facilitar la mesa Pacífico, Caribe, Orinoquia y Centro. En cada uno de estos espacios la comunidad tiene la función de reconocer los ejercicios previos de planeación y los saberes locales; así como entender y compartir las diferentes visiones del territorio para crear nuevos lazos o fortalecer los existentes.
El tercer frente propuesto para fortalecer la planeación es la creación de un sistema de información abierto que recopile, sirva para el seguimiento de problemáticas y comparta la información con los ciudadanos de la región y sus líderes.
¿Cuál puede ser el rol de las universidades para afrontar el reto de la planeación y la sostenibilidad de nuestras regiones?
Las universidades, por su naturaleza, tienen características que son apropiadas para enfrentar los retos de la planeación regional. En primera instancia, son instituciones con vocación de largo plazo, ajenas a la dinámica y a los cambios en la política local. Tienen el rasgo distintivo –y la paciencia– para establecer acciones que minimicen el cortoplacismo en sus programas, permitiendo la neutralidad en el análisis y una postura proactiva frente a los problemas locales. Por otra parte, tienen la misión de transformar la información en conocimiento; de convertir, por ejemplo, los datos en competencias y capacidades para la formación.
También podemos ser el repositorio de la información local y regional, con miras a contribuir al mejoramiento en calidad y trasparencia de nuestra gestión pública (Diagrama 2). Así, por ejemplo, al gestionar y administrar la información abierta desde las universidades, los aspirantes a una alcaldía o a una gobernación podrán hacer su plan de desarrollo con información actualizada, proveniente de grupos de investigación locales que se nutren, a su vez, de un sistema de información abierto y colaborativo.Nuestra aspiración como universidad es articularnos con las universidades del país para trabajar en red en torno a los problemas de nuestros territorios, atrayendo lazos internacionales, así como conocimiento y recursos para las regiones.
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1942
HISTORIA TERRITORIAL DE COLOMBIA
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2017
1886
1990
Nota: La regionalización es un proceso de fortalecimiento de capacidades y competencias de los territorios a través del empoderamiento de sus actores locales. Las universidades juegan un papel trascendental y la descentralización se fortalece como estrategia de gestión y se consolida.
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Cambios en la división y el ordenamiento territorial del país. Incluye la República de la Nueva Granada, la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la actual República de Colombia.
Cambios en la división y el ordenamiento territorial del país. Incluye la República de la Nueva Granada,
la Confederación Granadina, los Estados Unidos de Colombia y la actual República de Colombia.
Herramienta de seguimiento a la gestión pública que analiza la gestión fiscal de gobernadores y alcaldes.
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2007
ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL
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2015
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DESEMPEÑO FISCAL
Análisis espacial de ecosistemas y biomas 2012, catálogo de biomas del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
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SUBREGIONES DE COLOMBIA
En segundo lugar, buscamos consolidar el desarrollo de metodologías de planeación con un enfoque específico en la participación, no solo partiendo desde el abordaje tradicional, sino impulsando la creación de mesas de la sociedad civil, donde las universidades regionales, las ONG y los colectivos poblacionales son protagonistas de las decisiones del territorio. A hoy, tenemos adelantados los diálogos para facilitar la mesa Pacífico, Caribe, Orinoquia y Centro. En cada uno de estos espacios la comunidad tiene la función de reconocer los ejercicios previos de planeación y los saberes locales; así como entender y compartir las diferentes visiones del territorio para crear nuevos lazos o fortalecer los existentes.
El tercer frente propuesto para fortalecer la planeación es la creación de un sistema de información abierto que recopile, sirva para el seguimiento de problemáticas y comparta la información con los ciudadanos de la región y sus líderes.
¿Cuál puede ser el rol de las universidades para afrontar el reto de la planeación y la sostenibilidad de nuestras regiones?
Las universidades, por su naturaleza, tienen características que son apropiadas para enfrentar los retos de la planeación regional. En primera instancia, son instituciones con vocación de largo plazo, ajenas a la dinámica y a los cambios en la política local. Tienen el rasgo distintivo –y la paciencia– para establecer acciones que minimicen el cortoplacismo en sus programas, permitiendo la neutralidad en el análisis y una postura proactiva frente a los problemas locales. Por otra parte, tienen la misión de transformar la información en conocimiento; de convertir, por ejemplo, los datos en competencias y capacidades para la formación.
También podemos ser el repositorio de la información local y regional, con miras a contribuir al mejoramiento en calidad y trasparencia de nuestra gestión pública (Diagrama 2). Así, por ejemplo, al gestionar y administrar la información abierta desde las universidades, los aspirantes a una alcaldía o a una gobernación podrán hacer su plan de desarrollo con información actualizada, proveniente de grupos de investigación locales que se nutren, a su vez, de un sistema de información abierto y colaborativo.
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Emprender el camino de la sostenibilidad desde la planeación implica considerar otras aristas. Hoy malinterpretamos el quehacer de la planeación entendiendo el territorio como una unidad de análisis fragmentado. Hay quienes, por ejemplo, consideran que se limita a la consolidación de un documento robusto sobre un plan de desarrollo o de contar con un plan de ordenamiento territorial, o de elaborar planes para el manejo de cuencas en subregiones. No obstante, la problemática va más allá. Si bien reconocemos la importancia de esos instrumentos en el marco institucional, se debe considerar que esas herramientas se quedan cortas y carecen de una visión completa del territorio. Entender una región requiere, además de buenos planes, del análisis (pasado y presente) profundo de las relaciones funcionales del espacio (Diagrama 1). Hoy en día existen metodologías atractivas como las que proveen los planes estratégicos regionales (PER), que trasciendan el análisis político-administrativo tradicional. Esas metodologías sirven para levantar diagnósticos y cuantificar los problemas, pero también para fortalecer la participación amplia de las comunidades en la discusión sobre las dinámicas del intercambio económico y cultural, y su ordenamiento de largo plazo.
Frente a los retos de la planeación y lo vital que resulta para el desarrollo regional, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) se ha planteado el desafío de apoyar el debate (con herramientas de la planeación: urbana, rural, territorial, medio ambiental, etc.) sobre las regiones y sus implicaciones para el país desde tres frentes: el fortalecimiento de la institucionalidad para la planeación regional de largo plazo, el desarrollo de metodologías para la planeación y el desarrollo de sistemas de información.
En conjunto con las universidades regionales, el Cider ha identificado que las figuras de las Regiones Administrativas de Planeación (RAP - LOOT 1454, 2011) tienen un potencial especial en el fortalecimiento regional, pues contemplan el territorio desde una visión amplia, convocando en sus órganos directivos al sector público, el privado y la academia. Para ello, desde la Universidad de los Andes, ya dimos los primeros pasos. En 2017 acompañamos el diseño de la estructura y el gobierno de la RAP Pacífico, en donde se estimula la conformación de un Comité Técnico, compuesto por los secretarios de planeación departamental, los miembros de las universidades regionales y el sector privado.
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Nuestra aspiración como universidad es articularnos con las universidades del país para trabajar en red en torno a los problemas de nuestros territorios, atrayendo lazos internacionales, así como conocimiento y recursos para las regiones.
Finalmente, el ejercicio de planeación no estará completo si no hacemos investigación en torno a modelos para la sostenibilidad de los territorios. Hoy estamos viendo con más frecuencia metodologías —como las de los Planes Maestros o Planes Sectoriales— con perspectivas fragmentadas, que pese a tener un carácter técnico, dejan de lado la arista de la sostenibilidad ambiental, social y económica. En el Cider, estamos planteando la necesidad de trabajar el ordenamiento regional partiendo de unidades de análisis “subregionales” (Diagrama 3: Análisis de biomasa de Colombia-Subregiones) que trasciendan las dinámicas político-administrativas convencionales pero que se enfocan en la sostenibilidad, asumiendo el reto de ver los territorios desde la interdisciplinariedad. Así pues, el reto es el de entender los diferentes equilibrios, las relaciones funcionales y las dinámicas de los territorios, para minimizar, por ejemplo, los impactos de problemáticas como las que vemos hoy en día en la Cuenca del Atrato
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Una elección presidencial es, sin duda, la mejor oportunidad para que una sociedad democrática discuta y defina sus prioridades. La contienda por la máxima autoridad ejecutiva suele abrir la puerta a una nueva agenda de gobierno y la posibilidad de continuidad o de quiebre en políticas e iniciativas públicas. En años recientes la Educación Superior ha sido protagonista de primera línea en el debate nacional y el interés alrededor del tema ha venido creciendo.De acuerdo con la más reciente encuesta Gallup, el país está dividido en cuanto a la política educativa. Mientras el 45 por ciento de los colombianos cree que el país está empeorando en materia de calidad y cubrimiento de la educación, otro 44 por ciento considera lo contrario. Si bien estos guarismos cobijan a la política educativa en todos sus niveles, parecen claras las crecientes preocupaciones en torno a la Educación Superior.Los programas de gobierno de los candidatos reflejan esas preocupaciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la financiación de las universidades públicas, la integración de la oferta del Sena, el manejo de las deudas del Icetex, el aumento de la cobertura educativa, el futuro de programas como Ser Pilo Paga y reformas institucionales en lo referente a investigación científica. Más allá de las posturas ideológicas de cada candidatura es, sin duda, muy positivo que iniciativas tan detalladas estén hoy visibles en la campaña e incluso hagan parte de los debates televisivos.Si algo nos indica la presencia de la política de Educación Superior en la actual contienda presidencial es que el próximo gobierno implementará cambios en algunos de los frentes identificados. Sin negar la crucial importancia de tal debate, del cual depende la supervivencia financiera de varias universidades públicas, cabe preguntarse en estos tiempos de campaña electoral sobre los roles y las responsabilidades de la universidad para los próximos cuatro años.Colombia atraviesa actualmente un momento histórico definitivo, capaz de marcar el rumbo de nuestra sociedad para las siguientes décadas. La firma del Acuerdo de Paz desencadenó de manera simultánea un sinnúmero de dinámicas sociales, económicas, políticas y de seguridad nacional. Estos fenómenos se encuentran en pleno desarrollo, expansión y transformación y requieren ser estudiados y analizados desde las más variadas disciplinas. Tanto la generación de conocimiento original sobre el posconflicto como la contribución académica para el diseño institucional y de políticas públicas son responsabilidades de todo el sector universitario nacional.
LA UNIVERSIDAD EN EL PRÓXIMO GOBIERNO:
MÁS QUE FINANCIACIÓN
Eduardo Behrentz
Vicerrector de Desarrollo y Egresados
Es claro que no se trata de tener una agenda única y centralizada de temáticas de investigación, sino de no perder de vista que el primer paso para entender el posconflicto se da en nuestros campus. En el momento de escribir estas líneas la gestión gubernamental sobre los proyectos de implementación de los acuerdos de paz está en la mira de los medios de comunicación, del gobierno y de los entes investigadores. Siendo esta una desafortunada situación que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, no debería servir para lanzar un manto de duda al valioso aporte que todas las universidades colombianas pueden brindar para comprender el momento que vivimos.El próximo gobierno enfrentará el desafío de encontrar respuesta a las necesidades de reformas en varias áreas económicas, de seguridad social, pensiones, empleo y lucha contra la pobreza. A lo anterior se suman las discusiones sobre las necesidades de infraestructura física, desarrollo urbano, transporte público, vías, puertos, conexión digital y los retos de las industrias energéticas y manufactureras. El rol del sector universitario −y en especial de las instituciones de alta calidad− en la concepción y el desarrollo de estas políticas públicas es clave, así como el del monitoreo y debate sobre la implementación de las mismas.Las universidades colombianas, asimismo, son actores vitales para el fortalecimiento de la democracia. El posconflicto −y los desafíos asociados− se refleja hoy en la salud de nuestro sistema democrático. La misión de las universidades como espacios de libertad, de generación e intercambio de ideas y de representación de la diversidad es actualmente más vital que nunca. No solo para debatir los significados de la reconciliación y las necesidades de un país en construcción de paz, sino también para abordar las limitaciones de ese mismo proceso de construcción.
Una elección presidencial es, sin duda, la mejor oportunidad para que una sociedad democrática discuta y defina sus prioridades. La contienda por la máxima autoridad ejecutiva suele abrir la puerta a una nueva agenda de gobierno y la posibilidad de continuidad o de quiebre en políticas e iniciativas públicas. En años recientes la Educación Superior ha sido protagonista de primera línea en el debate nacional y el interés alrededor del tema ha venido creciendo.De acuerdo con la más reciente encuesta Gallup, el país está dividido en cuanto a la política educativa. Mientras el 45 por ciento de los colombianos cree que el país está empeorando en materia de calidad y cubrimiento de la educación, otro 44 por ciento considera lo contrario. Si bien estos guarismos cobijan a la política educativa en todos sus niveles, parecen claras las crecientes preocupaciones en torno a la Educación Superior.Los programas de gobierno de los candidatos reflejan esas preocupaciones, haciendo referencia, por ejemplo, a la financiación de las universidades públicas, la integración de la oferta del Sena, el manejo de las deudas del Icetex, el aumento de la cobertura educativa, el futuro de programas como Ser Pilo Paga y reformas institucionales en lo referente a investigación científica. Más allá de las posturas ideológicas de cada candidatura es, sin duda, muy positivo que iniciativas tan detalladas estén hoy visibles en la campaña e incluso hagan parte de los debates televisivos.Si algo nos indica la presencia de la política de Educación Superior en la actual contienda presidencial es que el próximo gobierno implementará cambios en algunos de los frentes identificados. Sin negar la crucial importancia de tal debate, del cual depende la supervivencia financiera de varias universidades públicas, cabe preguntarse en estos tiempos de campaña electoral sobre los roles y las responsabilidades de la universidad para los próximos cuatro años.Colombia atraviesa actualmente un momento histórico definitivo, capaz de marcar el rumbo de nuestra sociedad para las siguientes décadas. La firma del Acuerdo de Paz desencadenó de manera simultánea un sinnúmero de dinámicas sociales, económicas, políticas y de seguridad nacional. Estos fenómenos se encuentran en pleno desarrollo, expansión y transformación y requieren ser estudiados y analizados desde las más variadas disciplinas. Tanto la generación de conocimiento original sobre el posconflicto como la contribución académica para el diseño institucional y de políticas públicas son responsabilidades de todo el sector universitario nacional.